Por Carmen Vigil y Mª Luisa Vicente
En el artículo de opinión publicado en el periódico El País el sábado 1 de abril de 2006 con el título Feminismo y prostitución, su autora, Mª Luisa Maqueda Abreu, defiende la regulación legal de la prostitución libremente acordada entre adultos, al tiempo que propugna erradicar la prostitución forzada, a la que califica como una de las formas más graves y persistentes de violencia de género. Esta distinción radical entre prostitución libre y forzada, así como el conjunto de los planteamientos defendidos por la señora Maqueda en su artículo, son representativos de la posición reglamentarista en eldebate abierto en nuestro país con respecto al tratamiento que debe darse, desde los poderes públicos, al mercado de la prostitución y a su progresiva expansión en los últimos años.
El presente escrito analiza, a partir del artículo comentado, las contradicciones inherentes a la posición reglamentarista, realizando una crítica a la misma desde una perspectiva de género. Prostitución libremente acordada y servicios no deseados Maqueda abomina de la victimización de las prostitutas y tacha de moralistas a las feministas que se oponen a la reglamentación del comercio sexual. Frente a estas feministas, ella afirma la complejidad de las relaciones entre los sexos y se posiciona del lado de las otras feministas, las que rehusan enjuiciar lo que está bien o mal en tales relaciones. Su alineamiento con el punto de vista del liberalismo sexual, según el cual las prácticas sexuales de las personas adultas sólo a ellas les competen, la conduce a defender (o la impide enjuiciar) la prostitución libremente acordada entre adultos, según expresión utilizada en su artículo. De donde se deduce que ella sitúa esa llamada prostitución libre en el ámbito de la sexualidad, un ámbito que, bajo su criterio, nadie debe enjuiciar porque cada uno tiene derecho a hacer lo que le plazca.
Pero, al mismo tiempo, Maqueda reclama que esa supuesta práctica sexual libre entre adultos sea objeto de una regulación legal por el Estado, apelando a la necesidad de salvaguardar los derechos de las trabajadoras del sexo. ¿En qué quedamos? Si la prostitución es una actividad sexual acordada entre personas adultas (y eso es precisamente lo que a ella le impide enjuiciarla desde una ética que, en este ámbito, sólo puede concebir como moralista) y si, además, las prostitutas conciertan estos acuerdos con sus usuarios sin que nada ni nadie las fuerce a ello, ¿por qué considera procedente la intervención del Estado para reglamentar esta actividad y proteger los derechos de las prostitutas? ¿No sería más coherente con este punto de vista liberal defender que esos adultos que acuerdan libremente la prostitución hicieran lo que quisieran, cómo, dónde y cuándo quisieran, sin ningún tipo de normativa que estableciera unas reglas y unos cauces para su consensuada práctica sexual?
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